Enseñanza inclusiva, una meta a alcanzar

En Argentina, uno de cada cuatro hogares, es decir, más de 3 millones, cuenta con al menos una persona con dificultades funcionales. Esta realidad impacta a aproximadamente el 27% de la población, lo que significa que un cuarto de los argentinos vive diariamente con los desafíos que conllevan estas condiciones, ya sea por experimentar estas dificultades de manera directa (casi el 10% de la población) o por compartir su vida cotidiana con alguien que las enfrenta.

 

Algunos datos relevados del Anuario 2022 en educación especial:

La meta es poder identificar para diseñar mejores estrategias y saber en dónde y cómo intervenir.

La homologación de definiciones y metodologías es esencial para avanzar hacia una educación inclusiva. Se distinguen tres paradigmas: el positivista, centrado en la eficacia y las mejores prácticas; el médico y el sociológico, que considera las dimensiones sociales y culturales de la evaluación educativa. Se exploran los modelos de educación inclusiva, destacando la importancia de superar las barreras sociales y promover un enfoque integrador e interdisciplinario respetando los intereses individuales de las personas con y sin discapacidad y sus equipos, los docentes, los integradores y las familias. Cabe destacar que un 14,3% de los alumnos integrados no tienen diagnóstico de discapacidad.

Se identifican distintas dimensiones clave para trabajar en el marco de la educación inclusiva: identificación temprana de la discapacidad, formación de docentes inclusivos, adecuación de infraestructura y recursos escolares, sensibilización y reducción de estigmas, y transición a escuelas inclusivas. Estas dimensiones reflejan la necesidad de un enfoque sistémico y multidimensional para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad en las escuelas de nivel.

El marco institucional juega un papel crucial en la promoción de la educación inclusiva. En Argentina, diversas leyes y normativas establecen principios que buscan garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo desde un modelo social. Es necesario articular estas normativas con los estándares internacionales de derechos humanos, la convención de los derechos de las personas con discapacidad y la Organización Mundial de la Salud para promover una educación inclusiva de calidad. La necesidad de implementar políticas de evaluaciones y monitoreo de las distintas experiencias que se llevan a cabo en nuestro país son prioritarias para promover y desarrollar estrategias eficaces y posibles.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, define la educación inclusiva en su Artículo 24:

• Garantizar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad
• Asegurar un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida
• Promover con la mayor eficacia posible el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad y su participación en la educación y en la vida de la comunidad
• Brindar el apoyo necesario a las personas con discapacidad dentro del sistema general de educación, con miras a facilitar su formación efectiva
• Ofrecer una educación de calidad y equidad
• Acompañar y asesorar a los docentes de grado, a los integradores desde un equipo operativo, en una tarea cooperadora

Acompañar y asesorar a los docentes de grado, a los integradores desde un equipo operativo, es una tarea cooperadora. Se necesita hacer foco en dos resoluciones vigentes como la CFE 155/11 y la CFE 311/16 que establecen que “la inclusión y la integración deben estar interrelacionadas y ser reconsideradas en las prácticas educativas”. La inclusión mejora las condiciones para recibir a todas las personas, mientras que la integración escolar promueve la inclusión de estudiantes con discapacidad en la escuela común, siempre que sea posible, con los apoyos necesarios.

Ambas resoluciones subrayan la importancia de implementar un modelo interdisciplinario y de apoyo que fomente el trabajo en red entre docentes, familias y equipos integradores. Este mismo enfoque puede respaldarse gracias a diversas investigaciones que sostienen el papel protagónico del trabajo en colaboración entre los distintos actores del sistema. Experiencias exitosas como las de Uruguay y Portugal resaltan como tarea fundamental la creación de equipos o grupos encargados de acompañar, apoyar, monitorear y evaluar las prácticas inclusivas. El objetivo de estas prácticas es garantizar un apoyo constante y efectivo a las unidades integradoras.

Estos grupos de apoyo de prácticas inclusivas no solo facilitarían el intercambio de ideas y estrategias entre especialistas y docentes, sino que también permiten la implementación de enfoques pedagógicos y sociales que prioricen la equidad y la calidad en los aprendizajes, esencial para la profesionalización y mejora continua. “Cada escuela cuenta con equipos cuya función es detectar barreras y en el contexto escolar, establecer medidas de apoyo y trabajar en forma colaborativa con los docentes” (Narodowski et al., 2023).

La colaboración y cooperación pueden permitir un sistema educativo más igualitario y justo de dos maneras. En primer lugar, implica intervenciones cuidadosamente diseñadas que aporten iniciativas colaborativas pequeñas pero importantes que se potencien, sean escalables, introduciendo cambios desarrollados desde abajo hacia arriba. Y, además, cada hallazgo positivo puede ofrecer implicaciones que puedan alentar proyectos similares para un impacto colectivo más amplio (Ainscow, 2024).

Otro punto al que hacer mención es el tema del bienestar en los estudiantes con y sin discapacidad en el aula. Construir espacios que apunten al bienestar es un tema en agenda en la política educativa, promovido por distintas ONG internacionales. El bienestar es una meta a alcanzar y en el contexto de la educación inclusiva es un objetivo fundamental que requiere ser trabajado con la misma dedicación que cualquier otra habilidad o conocimiento. El bienestar individual es indisociable del bienestar colectivo. Una persona que se encuentra bien puede vivir la inclusión de forma más orgánica, porque sabe y siente que una sociedad que valora su diversidad es más rica, más resiliente, tiene más capacidad de superar obstáculos y florecer. Y que esto también es beneficioso a nivel individual.

La educación inclusiva no es solo un derecho, sino un imperativo ético y legal que debe ser central en las políticas educativas. La inclusión debe contemplar la interacción entre las características individuales y cognitivas de los estudiantes y con su entorno social y educativo.

Para cerrar se destaca que 1 cada 7 personas tienen algún tipo de discapacidad. Según recientes estudios, en América Latina y el Caribe, aproximadamente una de cada siete personas vive con alguna forma de discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual o mental. Se estima que esta proporción aumentará a una de cada cinco personas en las siguientes tres décadas, debido al rápido envejecimiento de la población en la región. “Tener discapacidad no es algo fuera de lo común. Más bien, es una parte intrínseca de la diversidad humana” (BID, 2024).

Sin embargo, a pesar de los avances legales y políticos para visibilizar la educación inclusiva, aún falta evidencia sólida sobre la efectividad de estos programas. Achicar las brechas de conocimiento es clave para diseñar políticas efectivas escalables que aborden los desafíos que enfrentan las personas en condición de discapacidad en Argentina y en la región. Por esta razón, la recopilación de datos es una herramienta fundamental para la mejora y transformación.

https://www.infobae.com/opinion/2024/09/03/ensenanza-inclusiva-una-meta-a-alcanzar/