El uso de celulares en las escuelas se ha convertido en uno de los temas más relevantes de la agenda educativa contemporánea. Los informes trabajados muestran que la discusión se desplazó desde una preocupación exclusivamente académica —la distracción y el bajo rendimiento— hacia una preocupación más amplia por el bienestar, la convivencia, la salud mental, la ciudadanía digital y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El informe MAPEA trabajado sostiene que el debate no debería centrarse únicamente en si hay que prohibir o permitir, sino en qué condiciones escolares, normativas y pedagógicas permiten reducir los efectos negativos del celular sin renunciar a la alfabetización digital ni al bienestar integral de los estudiantes. 
La pregunta estratégica, entonces, no es solo: ¿deben estar los celulares en la escuela?
La pregunta más relevante es: ¿qué tipo de escuela, qué tipo de regulación y qué tipo de Estado se necesitan para enseñar a habitar el mundo digital de manera responsable, crítica y humanizante?

La evidencia disponible muestra que el celular influye de manera clara en la atención escolar. En el caso argentino, el informe de Argentinos por la Educación, basado en PISA 2022, aporta un dato especialmente relevante: el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años declaró distraerse con dispositivos digitales en clase, y el 46% afirmó distraerse por el uso que hacen sus compañeros. Ambos valores ubican a Argentina entre los niveles más altos de distracción reportados en los 80 países participantes. 
Este dato permite identificar un punto central: la distracción digital no es un fenómeno individual. Tiene un efecto colectivo. Cuando un estudiante usa el celular durante la clase, no solo afecta su propia concentración, sino también el clima atencional del aula y las condiciones de aprendizaje de sus compañeros. De hecho, el informe señala que uno de cada cinco estudiantes se distraía exclusivamente por el uso del celular que hacían otros compañeros, sin que su propio uso fuera el factor principal. 
Además, Argentina registra una alta exposición a notificaciones durante la clase: el informe muestra que se encuentra entre los países con mayor proporción de estudiantes que nunca o casi nunca desactivan notificaciones de redes sociales y aplicaciones durante la clase. 
Estos datos muestran que el celular no solo interrumpe una actividad escolar puntual, sino que instala una lógica de atención fragmentada, disponibilidad permanente y respuesta inmediata que entra en tensión con los tiempos propios del aprendizaje escolar: escuchar, leer, sostener una consigna, elaborar una respuesta, esperar, conversar y construir sentido con otros.

La revisión exploratoria de Campbell et al. analizó 22 estudios realizados en 12 países y concluyó que la evidencia sobre la prohibición de celulares en escuelas es todavía limitada, heterogénea y no concluyente. Algunos estudios muestran mejoras académicas luego de aplicar restricciones, especialmente en estudiantes con bajo rendimiento previo o de menor nivel socioeconómico, pero otros no encuentran diferencias significativas entre escuelas con y sin prohibición. 
Esto permite distinguir tres niveles de evidencia:
Primero, hay evidencia fuerte de que las restricciones reducen el uso del celular. Cuando se aplican medidas físicas o normativas consistentes, los estudiantes usan menos el dispositivo durante la jornada escolar.
Segundo, hay evidencia moderada y heterogénea sobre mejora académica. Algunas investigaciones muestran beneficios en determinados grupos o niveles educativos, pero no puede afirmarse que prohibir celulares produzca automáticamente mejores aprendizajes.
Tercero, hay evidencia débil o contradictoria sobre bienestar y ciberacoso. Algunas restricciones pueden disminuir ciertas oportunidades de uso indebido durante la jornada, pero no eliminan el ciberacoso, que suele continuar fuera de la escuela o desplazarse a otros dispositivos y plataformas.
El estudio del NBER sobre fundas con cierre tipo Yondr aporta una evidencia especialmente importante. Muestra que estas restricciones reducen sustancialmente el uso del teléfono durante la jornada escolar, tanto según registros GPS como según reportes docentes. Sin embargo, en el primer año de implementación aumentan los incidentes disciplinarios y disminuye el bienestar subjetivo de los estudiantes. Luego, el bienestar tiende a recuperarse y los efectos disciplinarios se desvanecen. En rendimiento académico, los efectos promedio sobre pruebas estandarizadas son cercanos a cero, aunque aparecen mejoras moderadas en matemática en escuelas secundarias superiores. 
El hallazgo es relevante para la política pública: restringir reduce el uso, pero no resuelve por sí solo los problemas escolares. La regulación requiere acompañamiento institucional, construcción de legitimidad y monitoreo sostenido.

El vínculo entre celulares y bienestar es más complejo que el vínculo entre celulares y atención. Los documentos analizados coinciden en que el uso intensivo de dispositivos móviles y redes sociales puede asociarse con ansiedad, aislamiento, menor interacción cara a cara, exposición a contenidos nocivos, ciberacoso, dependencia digital, sobreexposición a pantallas y debilitamiento de vínculos presenciales.
Pero también advierten que el celular cumple funciones relevantes para los adolescentes: comunicación con pares, pertenencia, organización cotidiana, contacto con la familia, acceso a información y continuidad de experiencias sociales. Por eso, quitar el celular sin mediación puede producir ansiedad, resistencia o malestar inicial, especialmente cuando el dispositivo ya está incorporado a las formas juveniles de sociabilidad.
Este punto es clave: el bienestar digital no se logra únicamente retirando el dispositivo. Se construye enseñando autorregulación, promoviendo vínculos presenciales, fortaleciendo la convivencia, trabajando con familias y desarrollando ciudadanía digital.
La regulación debe ser pensada como una transición institucional. No basta con imponer una norma; hay que acompañar el cambio de hábitos, construir sentido compartido y ofrecer alternativas pedagógicas y vinculares.

El relevamiento de la UNESCO sobre América Latina muestra que la regulación de celulares en escuelas avanza rápidamente en la región. A marzo de 2026, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay cuentan con leyes nacionales sobre regulación de celulares en escuelas. En Argentina, más de diez provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen regulaciones subnacionales. 
UNESCO distingue tres conceptos importantes:
Prohibición: veda total o casi total del uso del dispositivo.
Restricción: limitación condicionada del uso, con excepciones por motivos pedagógicos, médicos, familiares o de emergencia.
Regulación: marco más amplio que combina reglas, condiciones, responsabilidades, excepciones y procedimientos.
El dato más importante es que en América Latina predominan las restricciones condicionadas más que las prohibiciones absolutas. Esto significa que la región parece avanzar hacia modelos que reconocen los riesgos del celular, pero también la necesidad de preservar usos pedagógicos, garantizar excepciones razonables y construir ciudadanía digital.

La regulación del uso de celulares no puede quedar librada exclusivamente a cada escuela ni reducirse a una respuesta disciplinaria. El Estado debe acompañar a la escuela brindando estrategias o mecanismos que colaboren a la construcción de una gobernanza digital, en cierta medida debería tener un papel indelegable como garante del derecho al aprendizaje, protector del bienestar estudiantil, regulador del ecosistema digital y productor de evidencia.
Desde esta perspectiva, el Estado debe cumplir cinco funciones centrales.
Primero, debe definir un marco normativo claro y articulado, especialmente en sistemas federales como Argentina, donde la ausencia de criterios comunes puede producir desigualdad normativa entre jurisdicciones, escuelas y estudiantes.
Segundo, debe proteger el derecho al aprendizaje, garantizando condiciones básicas de atención, concentración, interacción pedagógica y clima de aula.
Tercero, debe proteger el bienestar y la salud mental, integrando la regulación del celular con políticas de convivencia, educación emocional, salud mental, prevención del ciberacoso y ciudadanía digital.
Cuarto, debe regular el ecosistema digital más amplio, no solo el uso escolar del celular. La OCDE advierte que los riesgos digitales para niños y adolescentes incluyen exposición a contenidos dañinos, acoso, explotación, uso problemático de plataformas, publicidad dirigida y tratamiento de datos personales. También señala que los mecanismos actuales de verificación de edad suelen ser insuficientes y que las regulaciones se encuentran fragmentadas entre países y marcos legales. 
Quinto, debe producir evidencia y monitorear la implementación. La política pública no debería basarse solo en intuiciones, presiones sociales o respuestas de coyuntura. Debe medir qué ocurre antes y después de la regulación: atención, aprendizaje, bienestar subjetivo, convivencia, incidentes disciplinarios, asistencia, ciberacoso y percepción de docentes, estudiantes y familias.
Sexto, escuelas con mayor autonomía en la toma de decisiones y con el acompañamiento adecuado contribuiría en la transición institucional. La norma acompañada en el cambio de hábitos brindando alternativas pedagógicas.

El primer hallazgo es que el celular tiene un impacto real sobre la atención escolar. En contextos de alta disponibilidad y baja regulación, aumenta la fragmentación de la concentración y afecta el clima de aprendizaje.
El segundo hallazgo es que la prohibición no equivale automáticamente a mejora educativa. Puede reducir el uso del dispositivo, pero no necesariamente transforma las condiciones pedagógicas, vinculares e institucionales que explican el aprendizaje.
El tercer hallazgo es que el bienestar digital exige una política integral. La regulación del celular debe articularse con convivencia, salud mental, educación emocional, alfabetización digital, prevención del ciberacoso, protección de datos y trabajo con familias.
El cuarto hallazgo es que la implementación importa tanto como la norma. Las políticas impuestas sin consulta pueden generar resistencia, conflicto, sanciones permanentes o uso clandestino.
El quinto hallazgo es que la evidencia debe ocupar un lugar central. Las decisiones sobre celulares no deberían tomarse solo por presión mediática o sentido común, sino a partir de datos, seguimiento y evaluación.

1. Pasar de la prohibición aislada a una regulación pedagógica
La escuela necesita reglas claras, pero integradas a un proyecto educativo. No se trata solo de retirar celulares, sino de definir cuándo, dónde, para qué y en qué condiciones pueden utilizarse.
2. Diferenciar por nivel educativo
No debería aplicarse la misma política en primaria, secundaria básica y secundaria superior. La autonomía progresiva de los estudiantes exige regulaciones diferenciadas según edad, madurez, objetivos pedagógicos y nivel de dependencia tecnológica.
3. Construir acuerdos institucionales
Toda política debe incluir instancias de consulta con docentes, estudiantes y familias. La legitimidad de la norma es clave para evitar resistencias, sanciones permanentes o incumplimientos encubiertos.
4. Incorporar ciudadanía digital obligatoria
La regulación debe estar acompañada por enseñanza explícita sobre uso responsable de tecnologías, privacidad, algoritmos, redes sociales, inteligencia artificial, desinformación, ciberacoso, bienestar digital y autocuidado.
5. Formar a docentes y equipos directivos
No hay gobernanza digital sin capacidades institucionales. Los docentes y directivos necesitan herramientas para gestionar la atención, acompañar conflictos digitales, integrar usos pedagógicos y sostener acuerdos escolares.
6. Monitorear el impacto
Las escuelas y los sistemas educativos deberían medir antes y después de aplicar regulaciones: distracción, clima de aula, rendimiento, bienestar subjetivo, incidentes disciplinarios, convivencia, asistencia, ciberacoso y percepción de la comunidad educativa.
7. Evitar políticas exclusivamente punitivas
Si la regulación se implementa solo mediante sanciones, puede aumentar el conflicto escolar. La norma debe orientarse a construir hábitos, no solo a castigar incumplimientos.
8. Regular también el ecosistema digital
La escuela no puede resolver sola problemas que exceden sus fronteras. El Estado debe articular políticas sobre plataformas, protección de datos, publicidad dirigida, verificación de edad, diseño seguro y servicios digitales apropiados para niños y adolescentes.

El material analizado permite sostener una conclusión central: el celular influye significativamente en la atención y en las condiciones de aprendizaje, pero la prohibición generalizada no cuenta aún con evidencia suficiente para ser considerada una solución integral.
La regulación puede ser necesaria para proteger tiempos de clase, reducir distracciones y favorecer la interacción presencial. Pero cuando se aplica de manera aislada, sin acuerdos institucionales, sin participación docente, sin ciudadanía digital y sin monitoreo, corre el riesgo de transformarse en una respuesta simplista frente a un problema complejo.
Desde una perspectiva MAPEA/Tramared, la política más sólida no es la prohibición como fin en sí mismo, sino la construcción de una gobernanza escolar del mundo digital: reglas claras, usos pedagógicos intencionales, formación crítica, participación de la comunidad educativa, protección del bienestar y evaluación sostenida de los efectos.
El aporte es decisivo porque recuerda que los datos solo transforman la realidad cuando se convierten en conversación pedagógica, diagnóstico situado y acción colectiva. En esa clave, la regulación de celulares debe ser leída como una oportunidad para fortalecer la escuela:l no solo como espacio de transmisión de saberes, sino como institución capaz de enseñar a vivir, convivir y aprender en un mundo digital.

El desafío no es sacar la tecnología de la escuela, sino enseñar a habitarla de manera responsable, segura, crítica y humanizante