El inicio de un nuevo ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires y en siete provincias –Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe– reactivó la preocupación y las reacciones entre padres, docentes y autoridades. El paro de 24 horas convocado para el inicio lectivo de anteayer por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) tuvo dispar acatamiento y escasísima adhesión en la Capital Federal.

El gobierno porteño, que había acordado con 15 de los 17 sindicatos un aumento salarial que llevó el valor inicial a $871.332, reportó que la medida apenas habría alcanzado un 7% de adhesión y anticipó que se descontará el día no trabajado.

Mientras el gobierno nacional señala que los aumentos salariales estarán en relación con los ingresos de cada provincia en el marco de la consigna “no hay plata”, gobernadores como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, enfrentaron un alto acatamiento de la medida de fuerza, pese a que los salarios para el primer trimestre podrían cerrarse con un 43,4% de incremento, un porcentaje significativo que está por encima de muchos acuerdos paritarios del conjunto de los trabajadores, según el ministro de Educación provincial, José Goity.

Esta semana también se iniciarán las clases en La Rioja, Santa Cruz, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. El 4 de marzo será el turno de Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Neuquén, Jujuy y Salta.

Comienza el ciclo y, con él, los tan acostumbrados como inaceptables reclamos y paros. Una vez más, los niños y jóvenes argentinos se convierten en rehenes de impresentables sindicalistas cuya única vocación parece ser entorpecer el normal desenvolvimiento de las clases. La ley argentina fija un mínimo de 180 días para el ciclo lectivo anual. Por su parte, el Consejo Federal de Educación (CFE), que agrupa a los ministros de todas las provincias, se autoimpuso una meta de 190 días para mejorar los aprendizajes, siguiendo medias internacionales, que para los países miembros de la OCDE alcanzan los 186 días. Una cosa son los calendarios teóricos y otra muy distinta los reales, una vez descontados los feriados, el receso invernal y las jornadas pedagógicas. En 2020, el promedio nacional era de apenas 178 días; en 2021, pasó a ser de 180; en 2022, de 184, y en 2023, de 185. Solo cinco provincias planifican 190 días de clases para este año: Corrientes, 192 días, y CABA, Entre Ríos, Misiones y Salta, 190. Entre las que más se alejan, están Neuquén (181), Santiago del Estero y Río Negro (182) y Santa Cruz (183).

El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación destacaba que, por primera vez en el último quinquenio, todas las provincias podrían cumplir en 2024 con los 180 días mínimos que fija la ley. Sin embargo, el inicio del ciclo ya ve peligrar esos anhelos.

Cinco de cada diez chicos no entienden los textos que leen; muchos llegan tristemente así a la universidad. Durante la campaña electoral, Javier Milei había firmado el compromiso propuesto por Argentinos por la Educación. Su gobierno prepara hoy un intenso plan nacional de alfabetización integral de dos años de duración en el que participen el sistema educativo, organismos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, clubes y universidades. Se busca pasar de un Estado educador a una sociedad educadora, involucrando ambiciosamente a más actores para que la experiencia exceda ampliamente el ámbito escolar y sume mayor compromiso. Lengua, Matemática y Programación serán las principales materias, según reporta la Secretaría de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano, contando para ello con fondos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El secretario de Educación, Carlos Torrendell, aclaró que no proponen un esquema de home schooling o educación básica por fuera del sistema educativo ni tampoco uno de financiamiento por vouchers, tal como sugirió Milei siendo candidato.

El DNU 70/2023 y el frustrado proyecto de ley ómnibus contemplaron la esencialidad del servicio educativo, el examen final del secundario, el arancel para universitarios extranjeros y la evaluación docente, entre otras medidas. También en el ámbito educativo urge desarticular las resistencias de quienes pretenden seguir defendiendo el peligroso statu quo que nos ha traído hasta aquí. La sociedad debe también decir basta ante sindicalistas que bailan al ritmo de dudosas políticas y nefastos intereses particulares que han convertido en rehenes a nuestros niños y jóvenes.

Educar al soberano es contribuir a desarrollar al máximo las capacidades de las nuevas generaciones, promoviendo el pensamiento crítico e independiente que les permita dejar atrás las miserias de años de dolorosa ignorancia, cooptados por un sistema perverso que benefició a unos pocos y que nos alejó del futuro de grandeza que una educación de excelencia supo brindar a tantos. Es menester renovar la forma de encarar este crucial desafío. De la crisis solo saldremos con más educación. No hay futuro sin ella.