Cómo poner nota a los profesores:
El Gobierno rescata la idea de valorar el trabajo de los docentes, una medida que lleva en las leyes educativas un cuarto de siglo sin terminar de aplicarse
Hay debates malditos en educación. Uno de ellos gira sin duda en torno a la idea de evaluar el trabajo de los profesores, que lleva en las leyes de educación algo más de 25 años sin que nadie termine de ponerla en marcha más o menos en serio para todo el profesorado. A grandes rasgos, los argumentos a favor parecen absolutamente razonables: la carrera de los docentes de colegios e institutos públicos españoles carece casi por completo de incentivos y, en la práctica, más allá del pundonor profesional, da un poco igual hacer mejor o peor el trabajo. Así, establecer esos estímulos laborales (en forma de sueldo, reconocimiento profesional, ayudas para proyectos, permisos especiales...) por medio de un sistema de evaluación que, además, ofrezca información útil sobre los puntos fuertes y débiles del sistema, solo podría mejorar la educación. El informe España 2050, el documento redactado por más centenar de expertos para fijar, a petición del Gobierno, una estrategia de país a largo plazo, critica la ausencia de “un sistema de evaluación del desempeño de la práctica docente que pueda guiar intervenciones para el aprendizaje y la mejora continua del profesorado”.
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, porque es harto peliagudo medir de manera objetiva la calidad del profesorado (para empezar, hay que ponerse de acuerdo en qué es la calidad del profesorado) y porque es muy importante encontrar la manera de que los docentes no rechacen esa evaluación, pues todos los precedentes han demostrado que, si una buena parte de ellos no se sube al carro, el proceso servirá para bastante poco. Una encuesta hecha en 2018 por el Ministerio de Educación a la comunidad educativa (sobre todo a docentes, pero también a padres, alumnos y asociaciones) concluía que dos tercios creían que la evaluación debe ser obligatoria para los profesores y que algo más de la mitad opinaba que sus resultados deben tener solo consecuencias formativas (señalar el camino de mejora y que las administraciones pongan los medios para recorrerlo), pero otro 41% reclamaba que sirvan para repartir reconocimientos o sanciones.
Y lo que planteó el ministerio hace algo más de dos meses, dentro de las 24 propuestas que presentó para empezar a debatir la reforma de la carrera docente, tenía un poco de todo, con un sistema de evaluación voluntario en general y solo obligatorio para acceder a ciertos puestos (para el de director, por ejemplo, que además lleva consigo un complemento salarial y ya está generalizado desde hace lustros). El modelo que proponen debe “partir de un informe de autoevaluación, valorar los aspectos específicos de la función docente en el marco de la autonomía del centro, contar con la participación de diversos órganos de gobierno y coordinación docente del centro y con la del servicio de inspección”.
La finalidad, por un lado, “debe ser primordialmente formativa y acreditativa y debe también permitir el reconocimiento de la complejidad de las tareas desempeñadas”, dice el texto. En otro punto añade que “el mejor desempeño de las competencias profesionales docentes” deberá traducirse “en propuestas y actuaciones formativas por parte de la Administración; en las mayores posibilidades de acceso a los distintos puestos de trabajo propios de la función docente; y en las retribuciones complementarias”.