Sobre internet y mentiras

Frente a la polémica que se ha desatado por la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación por el gobierno de Chile, lo cierto es que a priori su existencia no es ni buena ni mala, y esa valoración solo podrá hacerse posteriormente, a la luz del proceso y sus resultados. Sin embargo, es necesario hacer explícitos algunos puntos que muchas veces son obviados en la discusión sobre desinformación.

“Contra las noticias falsas…urge ley de medios” decía un cartel firmado por la Brigada Chacón y pegado en un muro de la capital a mediados de junio, algunos días antes de revelarse la creación de la “Comisión Asesora contra la Desinformación” por el gobierno de Chile en el Diario Oficial.

La idea de una ley de medios como la solución que se haga cargo de las “noticias falsas” ha circulado mucho en Chile durante el último tiempo. Su historia reciente se remonta a la fallida precandidatura presidencial de Daniel Jadue. La propuesta del precandidato tenía un carácter marcadamente sancionador y parecía dirigida principalmente a establecer algún tipo de control respecto del contenido publicado por los grandes medios de comunicación.

A pesar de la derrota de Jadue, la idea no desapareció del todo, aunque ha mutado considerablemente y se ha seguido manifestando de distintas formas, ya sea invocada por el Gobierno o por actores independientes. Sin duda tuvo una influencia en el convenio firmado entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera y la Universidad de La Serena, que derivó en el reporte “Más amplitud, más voces, más democracia”, publicado en enero de este año. Aunque la desinformación aparece mencionada tangencialmente en el reporte, podríamos considerar ese hito como un antecedente directo de la más reciente Comisión.

Derechos Digitales fue invitada a participar de la mesa de trabajo para la elaboración del reporte mencionado anteriormente. Además, J. Carlos Lara, uno de sus directores ejecutivos, es parte de la Comisión Asesora contra la Desinformación a título personal. Nuestra vocación de fomento y protección de los derechos humanos nos insta a poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la formulación de mejores políticas públicas, cuestión que ha sido una constante durante los últimos 18 años. Así, frente a la polémica que se ha desatado por la creación de la Comisión, lo cierto es que a priori su existencia no es ni buena ni mala, y esa valoración solo podrá hacerse posteriormente, a la luz del proceso y sus resultados. Sin embargo, parece necesario hacer explícitos algunos puntos que muchas veces son obviados en la discusión sobre desinformación y cómo atacarla.

Acceso y control

Usualmente, cuando se habla de desinformación este problema es asociado a internet que, en el último tiempo, se habría convertido en el hábitat natural de las mentiras, las medias verdades, las interpretaciones mañosas y las comunidades dedicadas a esparcirlas. De hecho, el decreto que crea la “Comisión Asesora Contra la Desinformación” plantea explícitamente que una de las temáticas que deberá tratar es el de la “Desinformación en plataformas digitales”.

En muchas ocasiones, la idea de “desinformación en internet” se presenta en oposición a aquella información que se produce y circula a través de los medios de comunicación tradicionales. Es como si en el primer caso la información se generara de manera salvaje, circulara sin ningún tipo de control y se consumiera de forma completamente acrítica mientras que, en el segundo, la información sería el resultado del minucioso trabajo de periodistas dedicados a recolectar y relatar hechos objetivamente ciertos en los grandes medios de comunicación. Ni la imagen de la jungla digital ni la del rigor científico son ciertas. Es más, quizás los casos de desinformación más graves en la historia reciente de Chile son aquellos ligados al encubrimiento de crímenes de Estado durante la dictadura cívico-militar 1973-1990, por medio de portadas y titulares infames en los principales periódicos del país.  

Sin embargo, debemos aceptar que la principal razón por la que la desinformación se ha convertido en un tópico de discusión política es por la existencia de internet. Hablamos cotidianamente de desinformación porque tenemos a nuestra disposición una tecnología que permite chequear de manera rápida, fácil y barata cualquier declaración o duda formulada por cualquier persona, en cualquier momento, independiente de su importancia. Esa lógica puede aplicarse a casi cualquier materia: un discurso presidencial, una noticia en medio de comunicación, una publicación en Instagram.

No solía ser el caso. Antes de internet, cuando el acceso a las fuentes de información era muchísimo más restringido, la mayoría de la gente obtenía sus datos de la misma manera que hoy: consultaba con aquellas personas en las que confiaba. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, líderes sindicales, espirituales y políticos, algún desconocido encontrado al azar en el bar o el transporte público; lo que la gente escuchaba en televisión y en la radio; quizás algún profesor, pero esto no significa que esa información fuera veraz.

Sin embargo, lo que ofrece internet —y particularmente las redes sociales— es un archivo de intercambios de enormes cantidades de información, de alcance sin comparación, que es posible chequear y que muchas veces genera horror. De alguna forma, lo que asusta al mirar internet lo que asusta al mirar internet es la constatación de que existen tantas ‘verdades’ como grupos sociales hay: de paje a rey, de terraplanistas hasta académicos

A eso hay que sumar la ansiedad que genera la idea de “falta de control” asociada a la democratización del acceso a los medios de producción de información. Se publican barbaridades de todo tipo en internet, pero también es el espacio en que se encuentran y se expresan con mayor libertad comunidades que históricamente habían sido marginadas de la discusión pública. Cabe recordar que la documentación de las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en todo el mundo hoy circula primero por internet antes que en los medios de comunicación tradicionales, como ocurrió también en Chile desde octubre de 2019. Por último, ahí está la Wikipedia, una enciclopedia construida de forma colaborativa y voluntaria, con índices de exactitud y actualidad mayores que los de otras enciclopedias reconocidas.

También es cierto que internet ha permitido que quienes gravitan en torno a ideas extremistas circulen y se encuentren más fácilmente, pero este no es un rasgo propio de la desinformación como fenómeno, sino que es una de las características fundamentales del medio: internet fue concebida para permitir que todas las ideas y todas las personas conecten con facilidad. ¿Es posible tener lo uno sin lo otro? Es una cuestión que ha demostrado ser extremadamente difícil de implementar, pero no existen pruebas concretas de que el daño producido por lo primero sea más importante que el beneficio.

Internet nos ha dado más acceso a la verdad que nunca en la historia de la humanidad.  De este modo, la solución pasa por generar condiciones que incentiven el interés y la voluntad en lo veraz.

¿De quién es la culpa?

En agosto de 2019, Mónica González recibió el Premio Nacional de Periodismo en Chile. Nada sorprendente, se trata de una periodista chilena de vasta trayectoria que ha estado al frente de medios importantes y que es una justa merecedora del galardón. Lo extraño fue parte de su discurso de aceptación del premio: “Lo que estamos enfrentando es la mayor amenaza a la democracia (…) enfrentamos una industria de noticias falsas, enfrentamos una amenaza a la democracia que amenaza nuestro sistema de vida, y en la que como nunca antes el periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo, porque lo que está en juego no es la libertad de expresión, hay que actualizarse; lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información. Necesitamos un observatorio estatal que nos alerte y que defienda a los ciudadanos contra la industria de noticias falsas”.

El discurso de González es ilustrativo de una forma en la que se ha dado la discusión sobre desinformación que invierte la lógica convencional: en vez de preguntarnos en qué están fallando las instituciones llamadas a garantizar el acceso a información veraz, ponemos la carga de responsabilidad en una supuesta categoría de mentiras ontológicamente más eficientes que las verdades, sin preguntarnos el porqué. Siguiendo esta premisa, no es que “nosotros” hayamos fallado, es que las mentiras son muy poderosas. Así, lo que se necesitaría no es revisar, mejorar y fortalecer las instituciones, sino perseguir y castigar las mentiras.

Dicha posición impide hacer una introspección y detectar fallas y posibilidades de mejora, despojándose de cualquier responsabilidad mediante la invención de un rival más allá de las propias capacidades.

Política y ciencia

Usualmente, se señala que entre los aspectos sociales más impactados por la desinformación incluyen la salud pública y la democracia, aunque probablemente ese listado está fuertemente determinado por eventos que han concitado más atención durante la última década: la pandemia por COVID-19 y el sorpresivo resultado de una serie de elecciones y referendos alrededor del mundo en favor de la extrema derecha, en lugares como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. A ellos se suman algunos eventos locales de desastres naturales, como el terremoto en México en septiembre de 2017. Estos dos casos son ejemplos de cómo podemos medir el real impacto de la mentira en la sociedad.

Lo curioso de esa lista es que la salud pública —ligado al saber científico— y la democracia —en su acepción más acotada, relativa a la celebración de procesos electorales— son dos ámbitos que tienen muy poco en común.

En el ámbito de la salud, el conocimiento nace de consensos precedidos de la aplicación del método científico, que equivalen a lo que comúnmente se denominaría “verdad”, pero que no son estáticos: nueva información puede desplazar la antigua convención por una nueva. La reciente pandemia por COVID-19 nos dio la oportunidad de experimentar estos cambios en poco tiempo, lo que no suele ser la tónica. Por ejemplo, al principio de la pandemia se planteó que no había necesidad de que la población general usara mascarillas, recomendación que se restringió al personal médico y a las personas que sospechaban estar infectadas. Esta posición cambió radicalmente cuando se comprobó que la utilización de barbijos ayudaba a evitar el contagio y se dictaron diversas medidas que volvían obligatorio el uso del tapabocas.

Por su parte, la política se basa en, básicamente, la lógica opuesta a la de la ciencia y que, por lo tanto, no es factchequeable, en la medida en que las opiniones sobre la visión del mundo y la organización de la sociedad no son verificables. Esto no quiere decir que no haya mentiras en la política; al contrario, abundan. En algunos casos, esas mentiras pueden ser legalmente punibles (por ejemplo, las faltas a la probidad, cuestiones relativas a la malversación de recursos públicos, incluso algunos casos de injurias graves). Pero el mecanismo regular de la política enfrenta visiones opuestas que, frente al mismo fenómeno, serán interpretadas de acuerdo con las posturas ideológicas de cada lado.

Los procesos eleccionarios ofrecen la posibilidad a las personas de elegir entre ese abanico de visiones, pero es sumamente difícil saber específicamente porqué una persona decidió marcar A o B en la papeleta, y mucho más interpretar si esa elección tiene consistencia interna con el conjunto de valores relevantes para cada votante, de forma individual.

Por lo mismo, poder saber cuál es el impacto de una mentira particular en ese proceso de toma de decisión es complejo. ¿Cómo se aísla el factor “mentira” del resto de estímulos a los que un votante está expuesto y sus creencias previas? A diferencia de la ciencia, en las elecciones no hay revisión de pares, ni procesos estandarizados. Hay opiniones con pesos relativos y momentáneos, pero los fundamentos de esas opiniones son mayormente misteriosos. A nadie se le exige justificar el voto.

El decreto que crea la Comisión Asesora estipula la necesidad de estudiar el “Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia”. Gran parte de la investigación sobre el tema se limita a constatar la existencia de (gran cantidad de) información falsa sobre un tópico determinado en vez de demostrar, mediante datos concretos y metodologías replicables, que este es un factor perjudicial para la ciudadanía y sus derechos políticos.

Por último, es importante echar un vistazo más profundo y entender las motivaciones de las comunidades que existen en torno a la producción y difusión de desinformación, que pueden ser de carácter político, pero también involucran dinámicas sociales complejas: sentido de pertenencia y participación, respeto, camaradería, posición social, amistad, amor. En muchos casos, la desinformación no es más que la excusa para el tejido de lazos sociales. Investigar el fenómeno más allá del pánico y el afán cuantitativo es la única forma de descubrirlo.  

Líneas editoriales

Tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional en Chile,  se realizó un sondeo a “120 residentes de 12 comunas populares de la Región Metropolitana” que votaron en favor del rechazo.  Lo que el texto sugiere es que estas personas equivocaron su voto, porque no entendieron lo que se estaba votando, o que habrían sido víctimas de un engaño. Pero las personas que votaron “Apruebo” no fueron interrogadas y no hay sospecha sobre sus motivaciones.

Los medios de comunicación tienen también intereses políticos y funcionan bajo esta lógica. La línea editorial de un medio no se restringe solo a las columnas de opinión y la forma en que los hechos son cubiertos, sino que se extiende a cuestiones como el espacio y la posición que ocupa una noticia en un medio, su recurrencia y a todo lo que no es mencionado en ella. Es, en esencia, determinar qué es importante y qué no lo es.

Asegurar un ecosistema de medios diverso y robusto parece mucha mejor opción que intentar alinear los escasos medios existentes a una versión monolítica de la verdad. Todos los medios presentan visiones parciales del mundo. Asegurémonos de que la ciudadanía tenga a disposición un abanico de opciones de donde escoger. Junto con ello, incentivemos la curiosidad y el espíritu crítico en las personas, de modo que puedan relacionarse con la información con una saludable dosis de suspicacia y con las herramientas necesarias para proseguir la recopilación por cuenta propia desde fuentes diversas. Hagamos una revisión profunda de las lógicas y prácticas del resto de las instituciones llamadas a resguardar los márgenes de la discusión pública y aportar con datos veraces.

La mentira no es un problema nuevo, no la inventó internet ni es abarcable únicamente desde perspectivas técnicas y/o jurídicas. No es posible erradicarla completamente de nuestras vidas. Ciertamente no todas las mentiras son iguales y hay algunos tipos de mentiras que están tipificados como delitos. Es importante que dichas figuras penales sean específicas, acotadas, proporcionales y claras, y ajustadas a los estándares de internacionales de protección de la libre expresión. Cuando existan esas figuras hay que usarlas, en vez de pretender crear nuevos delitos enfocados en tecnologías específicas o de forma poco prolija. Si queremos luchar contra las mentiras de forma más general, la manera más eficiente de hacerlo es concentrarnos en la promoción de la verdad y la libertad de expresión en tanto derecho fundamental e inalienable.

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